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FAMILIAS SIN CASAS POR UN PAR DE VOTOS

No es ningún secreto la prioridad que el gobierno nacional le da al marketing, incluso por encima de las necesidades de las familias argentinas. En esta ocasión una investigación periodística realizada por Gimena Fuertes dejó al desnudo el gasto de $ 600 millones para custodiar viviendas vacías y entregarlas en campaña.

Son proyectos que se iniciaron con el plan Procrear durante el gobierno anterior. Cambiemos ralentizó las adjudicaciones hasta este año. La empresa Prosegur, beneficiada.

El gobierno de Mauricio Macri gastó más de 600 millones de pesos para custodiar unas 11 mil viviendas vacías y terminadas para entregarlas durante el año electoral. Todas las construcciones fueron iniciadas durante el gobierno anterior. Si bien los sorteos y adjudicaciones se aceleraron a partir de octubre del año pasado, los pocos beneficiarios que las recibieron se quejan porque muchas se encuentran deterioradas por el paso del tiempo sin uso.

A principios de este año, de las más de 23.400 viviendas proyectadas en el programa original, el Plan del Bicentenario (2012), se habían entregado poco más de 8000, aún faltaba terminar de construir alrededor de 4000 y quedaban por entregar, a pesar de que estaban terminadas, unas 11 mil.

Alejandro Sparacino, coordinador operativo del Procrear, confirmó a Tiempo que son 11 mil las viviendas sin entregar y aseguró que se «pondrán a disposición para su adjudicación». Asimismo, adelantó que la mayoría de las residencias que se sortearán son del complejo Estación Buenos Aires, ubicado atrás de la cancha e Huracán, el barrio Liceo de Córdoba capital y las del complejo de la ciudad de San Rafael de Mendoza.

La ralentización de las entregas se produjo por falta de avance en la construcción de los edificios que integran los desarrollos urbanísticos, pero también por el abandono de obras de infraestructura necesarias para el funcionamiento de los barrios. Otro de los factores provino de los propios beneficiarios, quienes se dieron de baja tras el cambio de condiciones de adjudicación.

Es que los que resultaron adjudicatarios con el plan original que nació en junio de 2012 están pagando por un departamento o casa de 3 ambientes no más de 9000 pesos ajustables a interés fijo con tasa subsidiada.

En 2016 hubo muy pocas inscripciones y ya a mediados de 2017 el plan salió de la Anses para pasar a formar parte del Plan Nacional de Viviendas que depende de la Secretaría de Vivienda de la Nación, que conduce Iván Kerr, que a su vez depende del ministro del Interior Rogelio Frigerio. Fue entonces cuando cambió la modalidad. Todos los interesados que se anotaron y salieron sorteados ingresaron con el sistema de créditos hipotecarios UVA, cuyas cuotas son ajustadas por el índice de inflación. Tras salir sorteados, muchos beneficiarios devolvieron el crédito y las viviendas vacías se fueron acumulando.

Los recortes en el área

La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) detectó marcados descensos en las partidas presupuestarias de 2019 asignadas a garantizar el derecho a la vivienda. En su informe «Vivienda sin fondos, el impacto regresivo del recorte en políticas de vivienda» sostienen que los cambios en el organigrama «afectaron en forma significativa a las políticas públicas destinadas al acceso a la vivienda e infraestructura y servicios públicos». Algunos programas pasaron a ser ejecutados por el Ministerio de Salud y Desarrollo Social y otros cambiaron de nombre y se mantuvieron en el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda. En todos los casos se verifica un drástico recorte en el presupuesto destinado al Área de Vivienda para el año 2019.

La función Vivienda y Urbanismo de Interior redujo su partida un 44,3% respecto del presupuesto de 2018. Y el programa Infraestructura Urbana se recortó un 53,5% con respecto al presupuesto anterior. Se eliminaron las funciones de Urbanización Integral de Barrios y Mejoramiento del Hábitat en Localidades Vulnerables de la Secretaría de Infraestructura Urbana. El programa Acciones de Vivienda y Desarrollo Urbano se recortó un 38,8% con respecto a 2018. Y la Secretaría de Integración Socio Urbana (Ministerio de Salud y Desarrollo Social) tiene asignados solamente $ 264.011.654, un presupuesto acotado para las funciones que presenta.

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