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Libertad de expresión y comunidad LGBT

Es un momento propicio para reflexionar sobre la importancia de la libertad de expresión de grupos minoritarios en sociedades democráticas, celebrar los avances en esta materia y advertir los desafíos y riesgos que aún persisten para garantizar los derechos humanos de las personas LGBT.

El derecho a la libertad de expresión, consagrado en la Constitución Nacional y en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos que hacen parte de ella, es un elemento esencial para atacar los desequilibrios de poder de la sociedad que pesan sobre grupos vulnerables. Tal como señaló el Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial, se trata de un derecho imprescindible “para promover la comprensión y la tolerancia entre las culturas, favorecer la deconstrucción de estereotipos, facilitar el libre intercambio de ideas y ofrecer opiniones alternativas y puntos de vista distintos”. También la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana (Corte IDH) destacaron en numerosas ocasiones la importancia que tiene el derecho a la libertad de expresión para garantizar el derecho a la igualdad de las minorías y de los miembros de grupos que han sufrido discriminación histórica. Según un informe emitido por la CIDH en 2015, uno de los motivos por los que la violencia contra el colectivo LGBT se ve reforzada es la proliferación de ‘discurso de odio’ en debates públicos, manifestaciones como las marchas del orgullo, a través de medios de comunicación tradicionales y también en internet.

En un momento en que la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales está siendo víctima de ataques a la libertad de expresión, tanto en el mundo online como offline, es necesario pensar en medidas que aseguren que todas las voces se expresen libremente y sean escuchadas, sin sentir temor, intimidación o agresiones por su orientación sexual o identidad de género.

En este sentido, una prensa libre, abierta e inclusiva es crucial para informar a lxs ciudadanxs sobre cuestiones relacionadas con los derechos humanos y, principalmente, para dar voz a aquellas minorías sobre temas que los afectan. Los medios también tienen una enorme carga de responsabilidad a la hora de combatir la discriminación y promover la igualdad y dignidad de las personas. Según un informe regional de la Comisión Internacional de Derechos Humanos para Gays y Lesbianas (IGLHRC, por su nombre en inglés) y la organización United & Strong, las problemáticas que afectan a la comunidad LGBT no suelen ser abordadas por los medios de prensa. Y, cuando lo hacen, el contenido tiende a ser “sensacionalista y denigrante”, o con información inexacta. En este sentido, el estudio señala que esto tiene un impacto directo en la seguridad y protección de las personas LGBT. “El hecho de que existan prejuicios ya establecido contra un grupo marginalizado, sumado a la percepción de que nadie protegerá o defenderá sus derechos, contribuye directamente a un entorno que motiva la discriminación y la violencia”.

En este contexto, las redes sociales también son escenarios donde los comentarios discriminatorios por orientación sexual, como así también las limitaciones al discurso y la censura, continúan perpetrando la violencia contra este grupo, en Argentina y en el resto del mundo. En 2017, por ejemplo, Youtube fue acusado de bloquear diversos contenidos LGBT por considerarlos “inapropiados”. Luego de recibir una enorme cantidad de críticas, la plataforma emitió comunicados en los que explicó que su sistema a veces comete errores “al entender el contexto y los matices” de cada caso concreto, y prometió solucionar este “problema técnico” que estaba “filtrando contenido involuntariamente”. Facebook tampoco se quedó atrás: este año The Washington Post destapó que la empresa había bloqueado numerosos anuncios LGBT bajo el argumento de que involucraban “temas políticos”. Los nuevos términos publicitarios de la empresa exigen diversos requisitos para promocionar contenido político; de lo contrario, son bloqueados.

La respuesta es clara: los prejuicios y la discriminación basados en la orientación sexual aún persisten, y pertenecer a una minoría sexual sigue siendo complejo para muchas personas, a pesar de los avances insoslayables en la materia. En Argentina, la sanción de la Ley de Matrimonio Igualitario que se dio hace 8 años fue un hito en el camino hacia la igualdad de derechos, lo que convirtió al país en pionero de la región en políticas públicas inclusivas y respetuosas de los derechos fundamentales. Sin embargo, los números de crímenes de odio motivados por la orientación sexual plantean un panorama grave. Según el último informe elaborado por la Defensoría LGBT, dependiente del Instituto contra la Discriminación de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, durante 2017 se registraron más de 100 crímenes de odio por la orientación sexual, la identidad y/o la expresión de género.

En consecuencia, es importante que el Estado proteja la libertad de expresión sin restricciones, y que tome un rol activo en pos de combatir la discriminación y violencia contra la comunidad LGBT. Por ejemplo, proveyendo educación sexual integral que incluya contenido sobre diversidad sexual e identidad de género; o involucrando activamente a organizaciones y activistas LGBT en el diseño, implementación y seguimiento de las políticas públicas que los afectan; entre muchas otras medidas posibles.

Los avances fueron muchos y muy buenos. Pero aún queda un largo camino por delante.

 

Por: Paula Roko

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